La legislación mexicana define lo que el Estado espera de los Medios Comunitarios -en particular las emisoras-, pero no los fomenta ni apoya su desarrollo de acuerdo con el potencial que tienen para fortalecer el tejido social, la democracia participativa, el acceso informado a la tecnología y la difusión de la cultura.
Ignora la aparición de la “Generación del Internet”: decenas de miles de comunicadores populares que difunden mensajes dirigidos a sus círculos sociales, a sus comunidades físicas, así como aquellas que alcanzan en el ciberespacio. La ley pasa por alto la productiva y virtuosa relación que podrían tener éstos con los Medios Comunitarios y sus emisoras, y soslaya tanto los recursos que necesita la sociedad para enfrentar la posverdad, como el hecho de que quienes la ejercen como recurso de desestabilización lo hacen de manera sistemática, con recursos millonarios y tratan de incorporar a sus comunicadores más destacados -influencers- a sus filas.