Faciliten la formalización de los colectivos de comunicadores y comunicadoras que cuenten con aval de asamblea comunitaria (aunque no sea indígena, ni afromexicana), y promuevan la asignación de concesiones sociales para el uso de frecuencias radioeléctricas a dichas organizaciones.
Garantícen sustentabilidad y condiciones económicas y operativas (salarios acordes al ingreso medio local, equipamiento, instalaciones dignas y adecuadas, seguridad) a estas organizaciones, definiendo el marco regulatorio para los ingresos por “aportaciones, cuotas o cooperación de la comunidad” al que tienen ya derecho y determinando con claridad la política de publicidad oficial.
Reconozcan y promuevan el potencial de las emisoras comunitarias, no sólo como estaciones de radio, también como televisoras y redes socio-digitales interconectadas como espacios
fundamentales de educación con contenidos estéticos, expresiones de una ética humanista, que promueva la Economía Social y Solidaria, la Democracia Popular, la solidaridad y la identidad local y nacional y que deben -para cumplir con esa función- ser espacios también para la promoción de la literatura y de la crítica cinematográfica.