En una segunda fase, las instituciones públicas podrían justificadamente apoyarse para el logro de sus objetivos en los medios comunitarios y aportar del presupuesto público un complemento de 1:1 o 2:1 tomando como referencia los fondos recibidos por vía de aportaciones y cuotas de sus audiencias. Ese sustento fundado en la cooperación comunitaria serviría como indicador del arraigo y la sujeción comunitarios y el Estado podría contribuir de ese modo a la consolidación y crecimiento de estos proyectos sociales.